Mara Lezama, Quintana Roo
y la corrupción que la
auditoría no ve pero
Estados Unidos sí.

Esta es la última entrega de una serie de tres en la que documenté la mayor cantidad de casos de corrupción del gobierno de Mara Lezama que tienen jurisdicción en Estados Unidos, y que denuncié.

La Auditoría Superior de la Federación revisa una cosa: el dinero federal que llega al estado. Si ese dinero se gasta con papeles en orden, la auditoría dice cero observaciones. Quintana Roo lo logró en 2023 y en 2024. Es verdad, y este expediente lo reconoce sin regatear.

Pero el dinero federal no es todo el dinero. Hay contratos pagados con recursos propios. Hay municipios que la auditoría federal no toca cada año. Hay fideicomisos turísticos que se alimentan de impuestos locales. Hay proveedores que hacen favores. Y hay vuelos privados que nadie sabe quién pagó. Este expediente investiga exactamente el territorio que empieza donde termina la mirada del auditor.

Vas a encontrar tres cosas: un rastro de contratos públicos que termina en una facturera del huachicol identificada por la Fiscalía federal; una cadena de empresas que conecta ese rastro con una compañía sancionada por el Tesoro de Estados Unidos; y un patrón de vuelos privados en aviones ligados a un proveedor del propio estado. Cada eslabón, con su nivel de prueba. Cada pregunta, con su documento. Y al final, los estatutos de Estados Unidos que convierten esto en un asunto de Washington, no solo de Chetumal.

Y la vitrina tiene un dato incómodo que sale de la misma vitrina: la Secretaría de Bienestar del estado reporta que la pobreza creció 7.6 por ciento en un año, más de 52 mil personas. Con deuda por habitante a la mitad, calificación crediticia al alza y cero observaciones, la pobreza sube. Un estado donde los indicadores de vitrina mejoran y la gente empeora tiene dinero que no llega a donde dice llegar. Esa es la pregunta de este expediente, y la respuesta empieza en los contratos.

Las cinco empresas, y lo que cada una firmó.

El detalle que conecta esta parte con la anterior. En 2024, SIMMA obtuvo la rehabilitación del segundo parque de Villas del Sol, en Playa del Carmen, por cerca de 16.9 millones de pesos. Villas del Sol es el fraccionamiento donde la Fiscalía estatal desarticuló en julio de 2026 la célula que atacó seis bares con una sola arma, y donde la gobernadora y la alcaldesa encabezaron una audiencia pública un mes después. La empresa de la facturera del huachicol construyó el parque del fraccionamiento de la célula del cobro de piso. Es un mapa.

La simulación. En Tulum, tres de las empresas, Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA, participaron al mismo tiempo en la licitación del corredor del Malecón de la laguna de Cobá. Tres empresas hermanas fingiendo competir es la firma clásica de una licitación amañada. Quién la adjudicó, con qué criterio y a qué precio son las tres preguntas que corren en el contador.

Quién firmaba del lado del gobierno. La Secretaría de Obras Públicas del estado está hoy encabezada por José Lara Díaz, quien al inicio del gobierno dirigió el Instituto de Infraestructura Educativa. La infraestructura educativa es uno de los rubros de los contratos. La pregunta es institucional: quién firma, con qué criterio y a qué precio.

Tres datos que el desglose deja al descubierto.

Uno: el estado puso casi la mitad. 74.3 de los 151.5 millones salieron directamente del gobierno estatal, que es la caja que la gobernadora administra, no una alcaldía lejana. Dos: el costo se infló en la obra emblema. El Parque de las Palapas, en el centro de Cancún, fue contratado a SIMMA originalmente por 26.5 millones y terminó rebasando los 44: un sobrecosto de 66 por ciento, calculado por este expediente, en una obra a la vista de todos. Tres: la relación viene de antes. El 25 de agosto de 2021, con fallo F/MTU/OM/RP/IR/2021-07/02, el Ayuntamiento de Tulum ya le había adjudicado a SIMMA un arrendamiento de maquinaria. La Secretaría de Obras Públicas del estado registró en 2024 a SIMMA y a Comercializadora Mexqro en su padrón de contratistas: el filtro que debía detectarlas las inscribió.

Y el capital de la red tiene origen declarado. Según la acusación de la FGR, Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, participaba en la organización mediante la inyección de capital para introducir combustible procedente de Guatemala y de Estados Unidos. Rocha Cantú obtuvo calidad de testigo protegido, reconoció ante la FGR su participación en contrabando de combustible y declaró que la red utilizaba facturas expedidas por Tabasco Capital. En agosto de 2026 la FGR obtuvo una nueva orden de captura en su contra por lavado de dinero, con hallazgos de la UIF sobre compra de inmuebles mediante cheques de caja. Reportes lo ubican en una lista de vigilancia de FinCEN. Combustible que sale de Estados Unidos, facturas falsas en México, contratos de obra en el Caribe y una compañía en la lista de sancionados del Tesoro. Ese circuito tiene jurisdicción en dos países.

El parque de Villas del Sol está a cuatro firmas de una empresa sancionada por Washington por servir al CJNG.

Por qué esto no es un chisme de estilo de vida. Un funcionario que recibe un beneficio de un proveedor de su gobierno no tiene un problema de imagen: tiene un problema de conflicto de interés, y si el beneficio se prueba, de cohecho. Que las aeronaves estén ligadas a un contratista estatal es lo que eleva el caso de la anécdota al expediente. Que 69 de esos vuelos hayan aterrizado en Estados Unidos es lo que le da a Washington algo que decir. La gobernadora no ha presentado la factura de un solo vuelo. Ese es el documento que este expediente pide primero.

Legisladores federales solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la ASF investigar el origen de los recursos. La respuesta institucional, a la fecha de este expediente, no existe.

Por qué importa en esta cadena. PABE-TAX es la empresa cuyos Gulfstream trasladan a la gobernadora y su familia a Vail, Orlando y otros destinos, y está asociada a Seguritech, proveedor de sistemas de seguridad del estado. La misma empresa que le da vuelos privados le vendió, o le rentó, la aeronave más cara del gobierno, con un sobreprecio de 3.4 veces pagado con dinero público. Eso ya no es una coincidencia de proveedores: es un circuito. Y "la seguridad no puede ser negocio de nada ni de nadie", dijo la gobernadora ese 7 de julio.

Tres cálculos sobre esa tabla. Uno: 77.5 millones por un estudio de 32 días son 2.4 millones de pesos por día hábil, con 23.2 millones adelantados antes de entregar una sola página. Dos: los 2,869.9 millones se otorgaron sin licitación. Tres: el hombre que firma los contratos de seguridad del estado representa también a la empresa que traslada a la gobernadora a Estados Unidos. La ley mexicana llama a eso conflicto de interés, y la ley estadounidense, cuando hay nexo, lo llama cohecho.

Seguritech es propiedad de Ariel Picker Schatz y opera sistemas en al menos siete estados. En 2025 la Agencia Nacional de Aduanas anuló contratos con la empresa a nivel federal. El estado de Quintana Roo los mantiene y los amplía.

Análisis firmado, y así se rotula. El gobierno de Quintana Roo puede seguir mostrando su calificación crediticia. Lo que no puede mostrar es la factura de un vuelo, el criterio de adjudicación de una licitación con tres empresas hermanas, ni el rastro de 150 millones hasta una facturera del huachicol. Y cada una de esas ausencias tiene una ventanilla en Washington que no necesita permiso de la FGR para abrirse. La sección 7031(c) es la más simple de todas: no requiere juicio, requiere un expediente. Este es el expediente.

Lo que la ley dice, en una frase.

Toda persona que en Estados Unidos gestione reuniones con autoridades, haga relaciones públicas o promueva los intereses de un gobierno extranjero, y un estado mexicano es un gobierno extranjero, debe registrarse ante el Departamento de Justicia dentro de los diez días de aceptar el encargo, declarar quién le paga, cuánto y qué hace. Es la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, 22 USC 611 y siguientes. La promoción turística por cuenta de un gobierno extranjero está expresamente cubierta. No registrarse es delito federal con hasta cinco años de prisión por cada violación dolosa, 22 USC 618. El registro no tiene a nadie por Quintana Roo. Entonces una de dos: o nadie cobra por abrirle puertas, o quien cobra lo hace fuera de la ley.

El patrón que emerge. Las puertas documentadas de la gobernadora en Estados Unidos son funcionarios mexicanos: cónsules. Eso está permitido y no requiere registro. Lo que no aparece en ningún lado es quién organiza las reuniones con empresarios y, sobre todo, quién gestionó el contacto con una dependencia federal estadounidense. Sesenta y nueve vuelos a Estados Unidos no se llenan solo de cónsules. Alguien reserva, alguien presenta, alguien cobra. Si hay una consultora, un despacho o un intermediario recibiendo dinero del gobierno de Quintana Roo, de su consejo de promoción o de un proveedor por esa gestión, ese contrato existe y tiene que estar en dos lugares: en la contabilidad estatal y en el registro del DOJ. Está en ninguno.

Análisis firmado, y así se rotula: el agente es el testigo. En los casos FARA, el Departamento de Justicia no empieza por el gobierno extranjero: empieza por el agente no registrado, porque es una persona en territorio estadounidense, expuesta a cinco años por cada violación, y con todo el incentivo para cooperar. El intermediario que agendó reuniones sin registrarse no es un cómplice cómodo: es el primer testigo cooperante que buscará un fiscal. Y el testigo cooperante entrega contratos, correos, pagos y nombres. Por eso este expediente no necesita saber hoy quién es. Necesita que el registro del DOJ siga en cero mientras los vuelos siguen aterrizando. Esa contradicción se documenta sola.

Cero agentes registrados y sesenta y nueve aterrizajes. Alguien abre la puerta. Y quien abre la puerta sin registrarse es quien la cierra.

Cómo se hizo, para que cualquiera lo repita. Cada aeronave tiene un código ICAO de 24 bits que transmite en vuelo. Este expediente obtuvo los códigos de las ocho aeronaves citadas en los registros de vuelo, XA-PKR 0D0E66, XA-GLF 0D0F1C, XA-BAT 0D119B, XA-USZ 0D0796, XA-UMV 0D0731, XA-AMI 0D1024, XA-MAM 0D04D9 y el helicóptero estatal XA-VGF 0D0F1E, y descargó las trazas diarias públicas de ADS-B Exchange, día por día, para detectar cada despegue y aterrizaje y asignarlo al aeropuerto más cercano. El método se valida solo: reproduce la llegada a Dulles del 16 de marzo de 2023, consistente con el vuelo Cancún-Washington reportado en la prensa para el 15.

Lo que la bitácora agrega y no estaba publicado. El avión volvió a Dulles el 1 y el 2 de noviembre de 2023, con llegadas desde El Paso y desde Orlando: una segunda ventana en Washington que ningún registro había mencionado. Tres tramos salieron directamente de Cancún a Estados Unidos: a Reno el 1 de febrero de 2023, a San Diego el 23 de agosto de 2023 y a Orlando el 26 de diciembre de 2023. El resto del mapa de la aeronave: El Paso cinco veces, Orlando cinco, Mesa cuatro, Newark cuatro, Dallas tres, Miami Opa Locka dos, Fort Lauderdale dos, San Diego dos. Y catorce aterrizajes en Cancún en el periodo, que colocan a la aeronave de un proveedor del estado con base de operaciones en Toluca como visitante habitual de la capital turística de Quintana Roo.

La disciplina. Esta es la bitácora de la aeronave, no de una pasajera. Un avión de taxi aéreo vuela para muchos clientes. Lo que este expediente afirma es exactamente lo que mide: dónde aterrizó ese avión y cuándo. Cruzar esa bitácora con las fechas de cada gira oficial y con el registro migratorio de la gobernadora es la solicitud que la convierte en prueba.

El cruce que este expediente construye. El notario que escrituró para la inmobiliaria de la familia de la gobernadora es hoy el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, la pieza que en la Parte 2 identificamos como el control verde de la judicatura. El hombre que dio fe de las compras de la familia preside los tribunales del estado que tendrían que juzgarlas. Es un conflicto estructural que ningún tribunal local puede resolver sobre sí mismo. Por eso la salida es federal, y por eso importa en Washington: la sección 1956(c)(7)(B) del código penal estadounidense trata el enriquecimiento de un funcionario extranjero como actividad ilícita para lavado, y el circuito inmobiliario de Cancún se paga, en buena parte, en dólares.

Tres punto cuatro millones declarados. Ciento dos punto nueve millones de casa. La aritmética pregunta.

Cuatro hallazgos propios sobre el documento.

Uno: crece más rápido que el turismo. Ingresos de 771.8 millones en 2023 contra 636.0 en 2022: 21 por ciento más en un año. Dos: es una máquina de pauta. De 769.8 millones gastados, 661.8 fueron publicidad y comunicación: 86 por ciento. Tres: debe más de lo que ingresa. Al cierre de 2023 registraba 815.9 millones por pagar a proveedores, 106 por ciento de sus ingresos anuales, y el propio informe admite que "debido a la falta de liquidez, las campañas se tuvieron que pausar". Un organismo con superávit en el papel, quebrado en la caja, mientras el estado presumía calificación crediticia. Cuatro: compra pauta en Estados Unidos. El informe describe una campaña en streaming durante los 102 juegos de la temporada 2023 de la NFL, con mercados meta en Nueva York, Chicago, Atlanta, Dallas, Los Ángeles y Filadelfia, y una campaña digital con 35.6 millones de impactos esperados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Y aquí cierra el círculo con el capítulo 06·B. Una campaña de streaming en la NFL no se compra desde Playa del Carmen: se ejecuta a través de una agencia o plataforma en Estados Unidos. Cuando esa agencia difunde material de promoción por cuenta de un organismo de un gobierno extranjero, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros exige que se registre. El CPTQ documenta en su propia Cuenta Pública campañas millonarias en seis ciudades estadounidenses, y el registro FARA marca cero para México. Quién ejecutó esas campañas, cuánto cobró y ante quién está registrado son las solicitudes que faltaban.

Ochocientos dieciséis millones por pagar y campañas pausadas por falta de liquidez. La vitrina también tiene trastienda.

Tres hallazgos propios del cruce.

Uno: el trámite en bloque. Cinco razones sociales distintas, con distintos representantes, inscritas el mismo día con folios consecutivos. Un padrón de contratistas exige acta constitutiva, declaración fiscal, comprobante de domicilio y currículum de obra por cada empresa. O cinco empresas independientes coincidieron por azar en la ventanilla de Chetumal el 18 de enero de 2024, o alguien presentó cinco expedientes juntos. El registro público no distingue entre las dos hipótesis. El expediente interno de la SEOP sí.

Dos: el contrato antes del padrón. Picorp de México firmó el 28 de noviembre de 2023 un convenio por 77.5 millones para estudios de un penal en Cancún, con un anticipo de 23.2 millones. Su inscripción al padrón de contratistas del estado es del 8 de marzo de 2024: 101 días después. Se le pagó antes de que existiera formalmente como contratista del estado.

Tres: el filtro que no filtra. Cruzamos los 651 registros contra el listado íntegro del 69-B: cero coincidencias. Ninguna de las inscritas está señalada por el SAT como facturera. Eso significa dos cosas a la vez: que el padrón sí revisa la situación fiscal ante el SAT, y que esa revisión no detecta a una empresa que la FGR describe como facturera de una red criminal. Los dos radares mexicanos, el fiscal y el penal, tampoco se tocan. Una constructora puede estar limpia ante el SAT y sucia ante la FGR, y el padrón la inscribe.

Lo documentado, en cuatro piezas.

Uno: la alerta y el operativo. En marzo de 2023 la DEA advirtió que farmacias de zonas turísticas mexicanas vendían pastillas falsificadas con fentanilo y metanfetamina a turistas estadounidenses; una investigación de prensa de Los Ángeles había comprado medicamento sin receta en 29 farmacias del país y encontró que un tercio contenía esas sustancias. Cinco meses después llegó Albatros: licencias inexistentes, medicamento controlado sin trazabilidad, recetas sin médico ni paciente, anuncios en inglés. El resultado del muestreo por fentanilo de esas 23 farmacias nunca se publicó. Tres años después sigue siendo la pregunta.

Dos: quién es PDC. Farmacia PDC es una marca de Grupo Lofex, propietario también de Farmacias PV, cadena fundada en 1984 y consolidada, según su propia página, "en la zona de bahía de banderas". Su huella declarada es una lista de destinos turísticos y nada más: Sayulita, Bucerías, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Mahahual, San Carlos, Los Cabos, Puerto Escondido, Zicatela, Huatulco y Mérida. Bahía de Banderas y Puerto Vallarta son el corredor donde este expediente contó, en la Parte 2, 62 designaciones del Tesoro de Estados Unidos con domicilio, el núcleo del fraude de tiempo compartido y del CJNG. Una cadena de farmacias nace en ese corredor y se expande al Caribe.

Tres: el precedente existe. Este expediente leyó el archivo maestro del Tesoro: OFAC ha designado a cinco farmacias mexicanas como fachadas del narcotráfico, tres bajo la Ley Kingpin, Farmacia Vida Suprema, Farmacia Jerlyne y Punto Farmacéutico, y dos bajo la orden ejecutiva de fentanilo, Farmacia Ludim y Farmacia y Mini Súper Trinidad. La farmacia como vehículo de lavado y distribución es una figura que Washington ya sanciona.

Cuatro: el cruce propio. Grupo Lofex, Farmacias PV, PDC y Provemedic no aparecen en las 19,329 entradas del SDN ni en los 14,143 contribuyentes del 69-B. Están limpias en los dos radares. Lo mismo que Tabasco Capital.

Cada afirmación del testimonio tiene un documento que la confirma o la derrumba.

Análisis firmado, y así se rotula: por qué esto es de Washington. El fentanilo vendido a turistas estadounidenses en un mostrador de Playa del Carmen es jurisdicción de la DEA y del código penal estadounidense, 21 USC 841 y 960, sin importar dónde esté el mostrador. Las farmacias como fachada ya tienen cinco precedentes de designación en el archivo del Tesoro. Marriott International es una empresa estadounidense: cualquier franquicia negociada con personas expuestas políticamente de un estado bajo este expediente pasa por su propio programa de cumplimiento y por la FCPA. El testimonio pone nombres a un patrón que las autoridades de los dos países ya documentaron por separado: farmacias turísticas, pastillas con fentanilo, dinero del CJNG. Lo que falta es el documento que los una, y ese documento existe en ocho oficinas.

Dos farmacias PDC suspendidas por fentanilo en 2023. Tres años después nadie publicó el resultado del muestreo.