El gobierno que la
auditoría no ve.

La Auditoría Superior de la Federación revisa una cosa: el dinero federal que llega al estado. Si ese dinero se gasta con papeles en orden, la auditoría dice cero observaciones. Quintana Roo lo logró en 2023 y en 2024. Es verdad, y este expediente lo reconoce sin regatear.

Pero el dinero federal no es todo el dinero. Hay contratos pagados con recursos propios. Hay municipios que la auditoría federal no toca cada año. Hay fideicomisos turísticos que se alimentan de impuestos locales. Hay proveedores que hacen favores. Y hay vuelos privados que nadie sabe quién pagó. Este expediente investiga exactamente el territorio que empieza donde termina la mirada del auditor.

Vas a encontrar tres cosas: un rastro de contratos públicos que termina en una facturera del huachicol identificada por la Fiscalía federal; una cadena de empresas que conecta ese rastro con una compañía sancionada por el Tesoro de Estados Unidos; y un patrón de vuelos privados en aviones ligados a un proveedor del propio estado. Cada eslabón, con su nivel de prueba. Cada pregunta, con su documento. Y al final, los estatutos de Estados Unidos que convierten esto en un asunto de Washington, no solo de Chetumal.

Y la vitrina tiene un dato incómodo que sale de la misma vitrina: la Secretaría de Bienestar del estado reporta que la pobreza creció 7.6 por ciento en un año, más de 52 mil personas. Con deuda por habitante a la mitad, calificación crediticia al alza y cero observaciones, la pobreza sube. Un estado donde los indicadores de vitrina mejoran y la gente empeora tiene dinero que no llega a donde dice llegar. Esa es la pregunta de este expediente, y la respuesta empieza en los contratos.

Las cinco empresas, y lo que cada una firmó.

El detalle que conecta esta parte con la anterior. En 2024, SIMMA obtuvo la rehabilitación del segundo parque de Villas del Sol, en Playa del Carmen, por cerca de 16.9 millones de pesos. Villas del Sol es el fraccionamiento donde la Fiscalía estatal desarticuló en julio de 2026 la célula que atacó seis bares con una sola arma, y donde la gobernadora y la alcaldesa encabezaron una audiencia pública un mes después. La empresa de la facturera del huachicol construyó el parque del fraccionamiento de la célula del cobro de piso. No es una acusación: es un mapa.

La simulación. En Tulum, tres de las empresas, Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA, participaron al mismo tiempo en la licitación del corredor del Malecón de la laguna de Cobá. Tres empresas hermanas fingiendo competir es la firma clásica de una licitación amañada. Quién la adjudicó, con qué criterio y a qué precio son las tres preguntas que corren en el contador.

Quién firmaba del lado del gobierno. La Secretaría de Obras Públicas del estado está hoy encabezada por José Lara Díaz, quien al inicio del gobierno dirigió el Instituto de Infraestructura Educativa. La infraestructura educativa es uno de los rubros de los contratos. Presunción de inocencia para él y para toda persona nombrada: la pregunta es institucional, no personal.

Y el capital de la red tiene origen declarado. Según la acusación de la FGR, Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, participaba en la organización mediante la inyección de capital para introducir combustible procedente de Guatemala y de Estados Unidos. Rocha Cantú obtuvo calidad de testigo protegido, reconoció ante la FGR su participación en contrabando de combustible y declaró que la red utilizaba facturas expedidas por Tabasco Capital. En agosto de 2026 la FGR obtuvo una nueva orden de captura en su contra por lavado de dinero, con hallazgos de la UIF sobre compra de inmuebles mediante cheques de caja. Reportes lo ubican en una lista de vigilancia de FinCEN. Combustible que sale de Estados Unidos, facturas falsas en México, contratos de obra en el Caribe y una compañía en la lista de sancionados del Tesoro. Ese circuito tiene jurisdicción en dos países.

El parque de Villas del Sol está a cuatro firmas de una empresa sancionada por Washington por servir al CJNG.

Por qué esto no es un chisme de estilo de vida. Un funcionario que recibe un beneficio de un proveedor de su gobierno no tiene un problema de imagen: tiene un problema de conflicto de interés, y si el beneficio se prueba, de cohecho. Que las aeronaves estén ligadas a un contratista estatal es lo que eleva el caso de la anécdota al expediente. Que 69 de esos vuelos hayan aterrizado en Estados Unidos es lo que le da a Washington algo que decir. La gobernadora no ha presentado la factura de un solo vuelo. Ese es el documento que este expediente pide primero.

Legisladores federales solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la ASF investigar el origen de los recursos. La respuesta institucional, a la fecha de este expediente, no existe.

Análisis firmado, y así se rotula. El gobierno de Quintana Roo puede seguir mostrando su calificación crediticia. Lo que no puede mostrar es la factura de un vuelo, el criterio de adjudicación de una licitación con tres empresas hermanas, ni el rastro de 150 millones hasta una facturera del huachicol. Y cada una de esas ausencias tiene una ventanilla en Washington que no necesita permiso de la FGR para abrirse. La sección 7031(c) es la más simple de todas: no requiere juicio, requiere un expediente. Este es el expediente.